El Congreso de Veracruz aprobó el 25 de septiembre de 2026, con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, eliminar la declaración de procedencia para presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y síndicos, de modo que la Fiscalía General del Estado y los jueces puedan proceder penalmente contra ellos sin autorización previa del Poder Legislativo, según El Universal.
La reforma modifica el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado, que exigía el voto de las dos terceras partes del Congreso antes de que avanzara una investigación penal contra esas autoridades. La iniciativa la presentó el 17 de septiembre la gobernadora Rocío Nahle García y el dictamen lo elaboró la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
El cambio ocurre después de que tres presidentes municipales fueron desaforados por el Congreso y luego reportados como no localizados por la Fiscalía, casos que obligaron a desahogar el procedimiento legislativo antes de que pudiera avanzar la investigación, de acuerdo con El Sol de Veracruz. Con esta reforma, Veracruz se suma a Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, donde las autoridades municipales no están en el catálogo de servidores sujetos a la declaración de procedencia.
El texto mantiene la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso: lo que desaparece es el paso previo por el Congreso. La protección se conserva para diputados locales, la gobernadora, secretarios de despacho, la Contraloría, la Fiscalía General, el Poder Judicial, las autoridades electorales y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según N+.
En la discusión, el coordinador del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, afirmó que «el cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal». El PAN planteó que el mecanismo debía mejorarse y no retirarse solo para los municipios; el PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la reforma deja la protección vigente para otros funcionarios, posiciones recogidas por Golpe Político.
La reforma aún no entra en vigor. Por tratarse de una reforma constitucional requiere el aval de la mayoría de los 212 ayuntamientos, que deberán pronunciarse en sesión de cabildo. Una vez ratificada, la Fiscalía podrá iniciar procedimientos penales contra alcaldes y síndicos sin solicitar el desafuero al Congreso.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
